Tres tribunales reconocen la fibromialgia como causa de incapacidad permanente absoluta
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge en su sentencia de 03/07/2018, recoge dos aspectos sobre esta patología que no son habituales en las resoluciones de incapacidad:
Constata que la fibromialgia es la primera causa para conceder la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora y
Acepta los informes que ponen de manifiesto el dolor crónico que padece al confirmarse los 18 puntos de dolor. El TSJ admite la prueba pericial que acredita su diagnóstico.La sentencia recoge que para determinar una incapacidad permanente absoluta habría que valorar las limitaciones que existen en la actividad laboral en vez de las lesiones que se padecen. Incluso el propio EVI –que denegó en un primer momento la petición de invalidez– acreditó que la afectada sufría mareos, náuseas y depresión.
Ana (nombre ficticio), camarera en un restaurante tras un proceso de incapacidad temporal derivado de un diagnóstico de fibromialgia, inició el trámite para conseguir la incapacidad permanente. El Equipo de Valoraciones de Incapacidades (EVI) de la Seguridad Social, le denegó la solicitud.
La empleada demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un juzgado de primera instancia y la sala falló parcialmente a su favor concediéndole la incapacidad permanente total y una pensión del 55% de su base reguladora. No obstante, Ana recurrió la sentencia y solicitó al TSJ de Canarias que se incluyeran en el proceso las pruebas periciales que le diagnostican, además de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, ansiedad y vértigos.
La resolución constata que: "Habrá invalidez absoluta siempre que haya unas condiciones demostrables que inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral",. Esta incapacidad no permite desempeñar ninguna función laboral al no poder garantizar un mínimo de "rendimiento, eficacia y profesionalidad.
La sentencia del TSJ declara la incapacidad permanente absoluta de la trabajadora. Sostiene que los síntomas descritos son suficientes como para "limitar a la empleada para el desarrollo en condiciones aceptables de todo tipo de trabajo o profesión" y condena a la Seguridad Social a pagarle el 100% de su sueldo con las mejoras y revalorizaciones que correspondan desde febrero de 2017, fecha en que se inició el proceso judicial.